La firma de Daniel Sazo
Las independencias americanas ocurrieron en una época de cambios bruscos y acelerados. La guerra de independencia estadounidense y la revolución francesa sirvieron de inspiración a los americanos que buscaban una salida a la crisis política y económica del imperio español a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
La Constitución de Cadiz fomentó la libertad de imprenta, el respeto a la propiedad privada y la igualdad ante la ley, además de establecer la división de poderes y limitar el campo de acción del Rey para aumentar el protagonismo de las Cortes en la toma de decisiones, pero esto no fue suficiente para quienes buscaban mayor apertura económica y soberanía territorial.
Pedro Molina y José Cecilio del Valle cuestionaron, con perspectivas diferentes, el estado político, económico y social del reino de Guatemala desde El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria. Ambos llegaron a la conclusión de que se necesitaba un nuevo sistema político para mantener la unidad del reino.
José Cecilio del Valle escribió en El Amigo de la Patria del 7 de septiembre de 1821, una semana antes de la declaración de independencia: «Son fecundas las tierras y feliz la posición. Pero la ley es injusta, o poco previsora. Brota riquezas nuestro sistema físico; pero sofoca estas riquezas nuestro sistema político».
Molina propuso la adopción del sistema federativo cuatro días antes. Escribió el 3 de septiembre de 1821 en El Editor Constitucional: «Cuando nosotros nos constituyamos en un gobierno federativo, que supone la omnímoda independencia de las unas provincias respecto de las otras, ¿habrá quien se acuerde de la que han padecido por la preponderancia que daba a algunas el sistema que nos rige?»
Mientras se discutían estas ideas en Guatemala, la guerra de independencia parecía llegar a su fin en México gracias al pacto de Agustín Iturbide y los Insurgentes. El plan contempló 3 principios fundamentales: unión entre las distintas clases sociales, preservación de la religión Católica e independencia con respecto a la Península. Una monarquía constitucional.
Los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del Acta de Independencia mencionan la convocatoria a un congreso general de las provincias guatemaltecas para ratificar la independencia y definir la forma de gobierno. Este ya no se realizó en la fecha acordada a causa de la anexión al Imperio Mexicano.
Sin embargo, tras la caída del emperador Agustín I, el capitán general Vicente Filísola retomó la idea y convocó al Congreso que finalmente declaró la independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio 1823.
Este Congreso se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente y comenzó a organizar la construcción de la nueva República. Se formó una comisión de 10 diputados, dos por provincia, encargada de redactar las bases constitucionales.
Una de las primeras discusiones giró en torno al sistema general de gobierno. Los miembros del partido moderado se inclinaban más hacia una república unitaria o centralista, mientras los fiebres o exaltados de la capital y las provincias apoyaban el federalismo, inspirados en la Constitución de Estados Unidos.
La comisión fue presidida por Juan Barrundia, diputado por la ciudad de Guatemala. También contó con la participación de José Matías Delgado, diputado por San Salvador, y Pedro Molina, de quien hablamos hace algunos momentos.
En la parte introductoria, los diputados dejaron plasmadas las ideas del bando fiebre en torno al gobierno, la libertad, propiedad y la división de poderes, entre otras cosas. Creían en la elección popular de los tres poderes pues emanaban directamente de la soberanía del pueblo «…los primeros funcionarios públicos no deben ser colocados en sus puestos por ningún cuerpo que pudiera reputarse intermedio».
Además, entendían la libertad como medio principal para la estabilidad de la República. La comisión afirmó que «La libertad es la felicidad de las naciones o el medio más seguro de que la adquieran». Esta condición se cumplía rompiendo simbólica y materialmente con el régimen anterior: «No es prudente dejar en nuestras instituciones políticas nada que las asemeje a las que han sido opresoras», concluyeron.
Estaban familiarizados con el utilitarismo de Jeremy Bentham (con quien José Cecilio del Valle tenía correspondencia), y estaban plenamente convencidos de que un gobierno de leyes, con respeto a la propiedad, era la mejor garantía para lograr la igualdad entre los ciudadanos. El informe de la comisión decía textualmente: «La desigualdad proviene de los privilegios, de las distinciones, de los fueros particulares y de la excepción de derechos y cargas que gravitan desigualmente sobre los ciudadanos».
Como era la norma general en las nuevas repúblicas americanas, se decidió la división en tres poderes. Aunque se creó un Senado, el Legislativo era en la práctica unicameral porque solo el Congreso tenía potestad de crear leyes. El Senado tenía el veto y la sanción de las leyes, además de ser un órgano de control del Ejecutivo.
De hecho, el Ejecutivo solo podía nombrar funcionarios entre las ternas propuestas por los senadores. Para que lo tengamos más claro: es como si Donald Trump solo pudiera nombrar como secretario de Estado a uno de tres miembros escogidos previamente por el Senado. Imaginemos las implicaciones que tendría si el Senado fuera de mayoría opositora.
Tras la presentación del proyecto de bases, el diputado José Francisco Córdova, un liberal moderado, publicó un escrito que reunió los argumentos de quienes se oponían al federalismo como sistema de gobierno para el Estado centroamericano, y para hacerlo se valió de las ideas de dos pensadores europeos de la época: el aristócrata francés Desttut de Tracy y el jurista español Ramón de Salas.
Córdova, diputado por Santa Ana (El Salvador), decía que los indígenas, grupo mayoritario de la población centroamericana, era contrario a la innovaciones, no había demostrado entusiasmo para con este sistema y que podía inferirse su oposición por representar una carga tributaria mayor. Opinión similar le merecían los mestizos. Y por eso concluyó que, aunque buena parte de criollos estaban por el federalismo, era una parte minoritaria si se tomaba en cuenta a todos los habitantes.
También presentó otros cuatro argumentos: falta de ilustración, dificultad de reunir a los pueblos para formar los Estados, falta de hombres aptos para ejercer la cantidad de cargos necesarios para el sistema (que suponía el doble al existir gobierno federal y estatal) y la pobreza generalizada que impedía el aumento de la carga fiscal para cubrir los gastos.
Córdova calculó que se necesitaban 286 individuos para echar a andar el andamiaje federal y estatal, además de un presupuesto mínimo de 306,100 pesos. «Yo no veo en verdad de dónde van a salir estos caudales, y me parece que es querer sacar libras de sangre de un cuerpo casi muerto», concluyó.
En cuanto a la cuestión del sufragio, planteó que fuera censitario, es decir, reservado únicamente para los hombres de cierta edad y posición económica. También criticó la idea de que el Ejecutivo fuera ejercido por una sola persona. Creía que lo mejor para evitar el surgimiento de Bonapartes e Iturbides era un gobierno colegiado de tres individuos.
Este último planteamiento era adverso a lo dictaminado por la comisión que presentó el ante proyecto de bases constitucionales. Los constituyentes decían que no había necesidad de tres para dar cumplimiento a las leyes y que un gobierno colegiado podía retrasar la toma de decisiones.
Pareciera increíble pero el primer presidente de la Federación, Manuel José Arce, también tenía sus dudas con respecto al federalismo planteado en el anteproyecto de 1823 y la Constitución que finalmente se aprobó al año siguiente: el 22 de noviembre de 1824.
Desde su exilio en México, el expresidente Arce escribió en 1830 que la República de Centroamérica fue «víctima de una Constitución que en vez de establecer un sistema político de libertad y orden, ha sistematizado la anarquía».
