La firma de Paulina Briz
Todos los días elegimos. Elegimos si queremos levantarnos temprano o apretar el botón de snooze para dormir “cinco minutos más”. Elegimos qué prioridades queremos atender durante el día y cuáles dejar para mañana. Elegimos a qué conversaciones les damos el 100% y a cuáles les decimos “no, gracias”. Elegimos a quién leemos y a quién dejamos en visto.
Aunque muchas veces esas decisiones parecen pequeñas, lo cierto es que todas – absolutamente todas – tienen consecuencias. Algunas son inmediatas; otras tardan meses en aparecer. Unas serán positivas y otras vendrán acompañadas de costos que lamentaremos. Pero, independientemente de su naturaleza, cada decisión deja huella: en nosotros, en quienes nos rodean e incluso en personas que ni siquiera conocemos.
Y seguro te preguntas: ¿a dónde va con todo esto? Así que le dejaré de dar vueltas al asunto y entraré en materia. Guatemala está entrando en un periodo literalmente cargado de elecciones. El 2027 volveremos a elegir a quienes ocuparán los cargos más visibles del país: quiénes administrarán el Estado, diseñarán políticas públicas, velarán por la representación ciudadana y, en general, llevarán las riendas del país durante cuatro años.
Pero antes de llegar a esa cita electoral, enfrentaremos un ciclo de elecciones que tendrá un impacto profundo para la institucionalidad del país. Y es que, así como tus decisiones personales tienen consecuencias, también las tienen las decisiones de quienes elegirán a las personas que deben cambiar de mando el próximo año. Si no sabes cuales son estas elecciones, no te preocupes: aquí te las explico.
Empecemos con el árbitro del proceso democrático: el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En marzo deben tomar posesión los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE para un período de seis años. Dato importante: estos magistrados son quienes tendrán a su cargo la organización y transparencia de los próximos dos procesos electorales.
Ahora bien, ¿cómo funciona su elección? El Congreso debe convocar a la Comisión de Postulación, integrada por: 1) Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), quién la preside, 2) Decano de derecho de la USAC, 3) Representante de los rectores de las universidades privadas, 4) Representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), elegido en Asamblea General, 5) Representante de los decanos de Derecho de las universidades privadas del país. Esta comisión evaluará expedientes y elaborará una nómina de 20 candidatos que será enviada al Congreso. Luego, el legislativo deberá elegir a los magistrados con las dos terceras partes del total de sus miembros, es decir, con 107 votos.
Sigamos con el último intérprete de la Constitución: la Corte de Constitucionalidad (CC). En abril, también deberán tomar posesión cinco magistrados titulares y cinco suplentes de la CC. La Constitución asigna la elección a cinco actores, cada uno responsable de designar un magistrado titular y uno suplente: 1) Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 2) Pleno del Congreso, 3) Presidente en Consejo de Ministros, 4) Consejo Superior Universitario de la USAC, 5) Asamblea General del CANG.
Por último, la elección más comentada en los últimos años: el Ministerio Público (MP). El próximo fiscal general y jefe del MP deberá tomar posesión en mayo. Aquí también debe integrarse una Comisión de Postulación, compuesta por:1) Presidente de la CSJ (preside), 2) Presidente del CANG, 3) Presidente del Tribunal de Honor del CANG, 4) Decanos de las facultades de Derecho. Una vez integrada, la comisión deberá elaborar una nómina de seis candidatos que enviará al presidente de la República, quien finalmente hará la designación.
El 2026 será un año de elecciones institucionales enormemente relevantes. No solo porque sus resultados influirán directamente en el funcionamiento del Estado, sino porque cuando llegue el 2027 y nos toque decidir quién gobernará el país, lo que pasé en el proceso se verá directa o indirectamente moldeado por las decisiones que se tomen el 2026.
Sí, Guatemala tendrá elecciones, elecciones y más elecciones. Pero, aunque nosotros no elijamos directamente a quienes integran estas instituciones, todas nos afectan. Por eso, tenemos la responsabilidad de fiscalizar y exigir que se desarrollen de manera pública, objetiva y apegadas a derecho. Y si queremos un país diferente en 2027, necesitamos poner atención a quienes tomarán las decisiones cruciales el próximo año.
