La firma de Ricardo Barreno
En las últimas elecciones generales de Guatemala, compitieron más de veinte partidos políticos. De ellos, la mayoría no tenía programa de gobierno claro y carecía de militancia ideológica reconocible. Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco: es el síntoma más visible de una crisis silenciosa que recorre toda Centroamérica. Tenemos partidos sin proyecto. Tenemos elecciones sin deliberación. Tenemos democracia sin demos.
I. El problema: partidos sin sustancia programática
La ciencia política clásica concibió a los partidos políticos como correas de transmisión entre la sociedad civil y el Estado. En la formulación de Edmund Burke, un partido era un cuerpo de personas unidas para promover, mediante su esfuerzo conjunto, el interés nacional sobre la base de algún principio particular en el que todos coinciden. Siglos después, Giovanni Sartori los definió con mayor rigor analítico como grupos políticos identificados por una etiqueta oficial que se presentan a elecciones y son capaces de ubicar candidatos en cargos públicos a través de ellas.
Ambas definiciones comparten una premisa fundamental que hoy resulta casi nostálgica: la idea de que un partido existe para algo más que ganar. Existe para representar una visión del mundo, articular intereses sociales y traducirlos en política pública. Esa premisa ha sido abandonada, de forma sistemática, en la región centroamericana.
Lo que predomina hoy no es el partido ideológico, ni siquiera el partido catch-all que describió Otto Kirchheimer en los años sesenta —ese tipo de organización que, al buscar votos más allá de su base tradicional, diluye su perfil doctrinario pero conserva una estructura orgánica y un proyecto de gobierno razonablemente coherente—. Lo que predomina es algo cualitativamente distinto: el partido vehículo, el partido franquicia, el partido de un solo ciclo electoral.
II. Guatemala: el laboratorio del caos institucional
Guatemala es, en muchos sentidos, el caso más extremo de la región. Desde el retorno a la democracia en 1985, ningún partido político ha logrado ganar dos elecciones presidenciales consecutivas. Esta discontinuidad no es una señal de alternancia democrática saludable: es una señal de que los partidos no construyen bases sociales duraderas, no generan identidades colectivas y no sobreviven al ciclo de gobierno porque fueron diseñados para no hacerlo.
El sistema de partidos guatemalteco ha sido caracterizado por académicos como Andreas Schedler como un sistema de “democracia electoral sin accountability”: se celebran elecciones regulares, se produce alternancia, pero los mecanismos de rendición de cuentas son inexistentes o capturados. Los partidos no son vehículos de representación; son vehículos de acceso al Estado para redes clientelares o en los casos más graves, para estructuras vinculadas al crimen organizado.
La cifra es elocuente: en el Congreso de Guatemala electo en 2023, los legisladores provenientes de más de veinte partidos distintos ocuparon el hemiciclo. Pero más revelador que el número de partidos es la naturaleza de sus diferencias: no existe una oposición programática entre la izquierda y la derecha claramente articulada, no hay un partido que represente consistentemente al sector laboral organizado, al campesinado indígena o a las clases medias urbanas con un programa coherente. Las divisiones son de otro tipo: personales, regionales, clientelares o simplemente financieras.
La teoría de la representación democrática, tal como la desarrollaron Hanna Pitkin y más tarde Bernard Manin, exige que la relación entre representantes y representados sea sustantiva: los elegidos deben actuar en nombre de quienes los eligieron, no solo en su lugar formal. En Guatemala, esa condición rara vez se cumple. Lo que existe, para usar la categoría de Manin, es una “democracia de audiencias”: ciudadanos que observan la política sin participar en ella ideológicamente, votando por figuras o marcas antes que por proyectos.
III. Centroamérica comparada: variaciones sobre el mismo tema
Aunque Guatemala representa el caso más agudo, los problemas de fondo se reproducen, con matices, en toda la región. Un análisis comparado permite identificar tanto las similitudes estructurales como las diferencias que merecen atención.
El Salvador ofreció durante décadas el modelo centroamericano más cercano al bipartidismo programático, con ARENA y el FMLN estructurando la competencia política en torno a clivajes ideológicos surgidos de la guerra civil. Sin embargo, el ascenso de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas desde 2019 desarticuló ese sistema de forma radical. Bukele no llegó al poder con un programa ideológico definido, sino con una estética anti-establishment y una comunicación política verticalizada en las redes sociales. El resultado es paradójico: un sistema más cohesionado electoralmente, pero centrado en una figura personalista y no en una organización programática estable. El politólogo Steven Levitsky lo llamaría un caso de “autoritarismo competitivo”: elecciones que se realizan pero cuyo resultado está predeterminado por el control institucional del ejecutivo.
Honduras tuvo el sistema de partidos más institucionalizado de Centroamérica durante el siglo XX, dominado por el Partido Liberal y el Partido Nacional en una competencia bipartidista relativamente estable. Pero esa estabilidad era de baja calidad: ambos partidos eran catch-all en el sentido más vacío del término, diferenciados más por lealtades históricas y redes clientelares que por propuestas programáticas. El golpe de Estado de 2009 y la posterior crisis institucional fragmentaron ese sistema, y la llegada de Xiomara Castro al poder en 2022 representó no tanto un giro ideológico consolidado como la emergencia de una nueva coalición aún en construcción, sin arquitectura programática robusta.
Costa Rica fue durante décadas la excepción centroamericana: un sistema bipartidista relativamente estable, construido alrededor del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, ambos con identidades ideológicas reconocibles. Pero desde 2014, ese sistema también ha entrado en crisis. La fragmentación del voto, la emergencia de partidos nuevos como el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, y la creciente volatilidad electoral indican que incluso el país con la democracia más consolidada de la región enfrenta el desafío de la desinstitucionalización. El triunfo de Rodrigo Chaves en 2022 confirma la tendencia.
IV. Las causas estructurales: ¿por qué fracasan los partidos en la región?
Explicar este fenómeno exige ir más allá de la descripción. La desinstitucionalización partidaria centroamericana tiene raíces estructurales que se retroalimentan y que ninguna reforma electoral menor puede resolver.
La primera causa es histórica: la región nunca consolidó los clivajes sociales que en Europa dieron origen a los partidos de masas del siglo XX. El sindicalismo fue débil o reprimido; la reforma agraria nunca se completó; la clase media urbana tardó en consolidarse. Sin esos anclajes sociales, los partidos no tenían una base natural de representación programática. Surgieron, en cambio, como instrumentos electorales al servicio de élites.
La segunda causa es institucional: los sistemas electorales de la región, en su mayoría, no generan incentivos para la construcción de partidos programáticos. Las listas cerradas y bloqueadas, el financiamiento privado opaco, la ausencia de mecanismos efectivos de democracia interna y la permisividad para crear partidos sin requisitos de membresía real han producido un mercado político donde los emprendedores electorales —personas con capital político o financiero que crean partidos como proyectos personales— tienen más incentivos que los constructores de organizaciones.
La tercera causa es sociológica: la desconfianza ciudadana en los partidos es altísima. Según datos del Latinobarómetro, los partidos políticos son consistentemente la institución con menor confianza ciudadana en América Latina y Centroamérica. Esta desconfianza no es irracional: es la respuesta lógica a décadas de incumplimiento de promesas electorales, de corrupción y de distancia entre el discurso y la gestión. Pero genera un círculo vicioso: ciudadanos que desconfían de los partidos no se afilian a ellos, no participan en su vida interna y no exigen accountability programático, lo que permite que los partidos sigan siendo organismos vacíos.
V. ¿Hay salida? Hacia una reforma con propósito
Este análisis no tiene propósito si concluye en el diagnóstico. La pregunta que importa es si hay salida, y bajo qué condiciones.
La respuesta honesta es: sí, pero no es sencilla, no es rápida y no depende de una sola reforma. Requiere actuar simultáneamente en varios planos.
En el plano electoral e institucional, es necesario reformar los sistemas de financiamiento de los partidos para introducir mayor transparencia y para vincular el financiamiento público a requisitos de democracia interna. Los partidos que reciben recursos del Estado deberían estar obligados a realizar elecciones primarias abiertas, a publicar sus programas de gobierno con compromisos verificables y a rendir cuentas sobre el cumplimiento de esos compromisos. La propuesta no es nueva —ha sido discutida en múltiples foros académicos y de sociedad civil en Guatemala y la región— pero ha encontrado una resistencia sistemática de los propios actores que se benefician del status quo.
En el plano civil y social, es necesario reconocer que los partidos no se construyen desde arriba: se construyen desde la organización social. La debilidad de los partidos programáticos en Centroamérica es también un reflejo de la debilidad de los sindicatos, las organizaciones campesinas, los movimientos estudiantiles y las redes de ciudadanía activa. Fortalecer a los partidos sin fortalecer previamente o simultáneamente a la sociedad civil es construir sobre arena.
Finalmente, en el plano regional, hay lecciones que los países centroamericanos podrían extraer unos de otros. Costa Rica, pese a sus problemas actuales, tiene una cultura cívica y una tradición de competencia programática que vale la pena estudiar. El fracaso salvadoreño en preservar su sistema bipartidista es una advertencia sobre los costos de no renovar los partidos existentes.
Conclusión: la democracia que queremos merecer
El desafío centroamericano no es tener más partidos ni menos partidos. Es tener mejores partidos: organizaciones con raíces en la sociedad, con programas verificables, con democracia interna real y con la ambición de gobernar para transformar, no solo para administrar. Es un desafío enorme. Pero es, precisamente, el desafío de construir democracias que merezcan ese nombre.
Porque al final, el problema no es que tengamos demasiados partidos. El problema es que tenemos muy poca política.
